Un relato para maestros y más

      

    Izquierda, profesor de primaria José González, edad 34 años, originario de Oaxaca. Entre 1915 y 1917, tramita salvoconducto para salir del estado hacia Estados Unidos, al parecer huyendo de riesgos de hostilidades por facciones en lucha. Derecha, profesor Ignacio W. Covarrubias, quien era originario de Jalisco. Llega a Hermosillo en los inicios del porfirismo. Trabajo más de 30 en escuelas de Hermosillo, Altar, Santana y Nogales, donde una escuela lleva su nombre. Fue jubilado con una pensión de 30 pesos mensuales por el gobierno de la revolución, pero luego le retiraron la pensión porque no era partidarios del bloque constitucionalista.

     

    Por Ricardo Aragón Pérez / [email protected]

    Entrada

    Un siglo y medio atrás, la profesión docente era una verdadera autarquía, un gremio intelectual cerrado, en el que dominaban los hombres y tenía cierta libertad para autogobernarse, pero era poco reconocido y exageradamente errático, sin ningún porvenir promisorio, dada la mezquindad de la paga, casi siempre incompleta y extemporánea, con carencias escolares al por mayor, inseguridad laboral, falta de entendimiento con las autoridades y escaso reconocimiento a su desempeño, lo que; en suma, hacían del magisterio una profesión marcadamente precaria.

    Voces críticas

    Un consejero porfiriano reconoció que los profesores de primaria percibían "bajos salarios", por lo que pertenecían a una categoría social inferior a la de otros profesionistas contemporáneos, entre ellos los licenciados, doctores, contadores e ingenieros. Otro intelectual orgánico, en funciones de ministro de educación, Justo Sierra, lamentó el poco aprecio social, al tiempo que se mofó del secretario de hacienda, por su renuencia a mejorar el sueldo magisterial, a quien le dijo en tono burlesco, que si sabía dónde fabricaban maestros de plomo, le mandara el catálogo para contratar tanto los que el país requería.

    Por otro lado, un grupo de disidentes antiporfiristas, entre ellos los profesores Librado Rivera y Antonio Villarreal, reprochaban el desprecio con que trataban al magisterio y el infortunio que les deparaba esa  profesión. En 1906, en su célebre "Manifiesto a la Nación", denunciaron: "Por mucho tiempo, la noble profesión  del magisterio ha sido de las más despreciadas… de las peor pagadas", aunque nadie negaba su mérito, "nadie deja de designarla con tan honrosos epítetos"; pero nadie respetaba ni guardaba consideración a "los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir en condiciones de inferioridad social", por lo que exigían pagar a los llamados apóstoles de la enseñanza "buenos sueldos… debe dignificarse el profesorado, procurando a sus miembros el medio de vivir decentemente".

    Magisterio en vilo

    Ante las agobiantes y mezquinas condiciones en que ejercían el magisterio, muy pocos educadores hacían carrera, unos cuantos se aferraban a sus plazas y enseñaban hasta que su salud física y mental aguantaban, pero terminaban arruinados, con el peso de los años encima, achacosos, con la vista y el habla acabadas, y sin ahorros para atender sus males. Entonces no tenían derecho a servicio médico gratuito, tampoco a jubilaciones o pensiones por incapacidad física o mental, en virtud de accidentes o fatigas asociadas al ejercicio docente.

    Debate público

    En los años de 1889 y 1890, los "emolumentos" docentes, el reconocimiento a su cometido, las recompensas al mérito y algunas prestaciones sociales, fueron objeto de sesudas deliberaciones entre varios congresistas, que en representación de los estados asistieron a un congreso nacional de educación en México, en el que analizaron los problemas educativos de su tiempo y propusieron a los gobernantes regionales una ruta para resolverlos, urgiendo entre otras cosas, mejorar el ingreso de los maestros, otorgar incentivos y establecer derechos en bien suyo, como licencias con goce íntegro de sueldo, en caso de enfermedad grave, o el pago de gastos funerarios, en caso de fallecimiento de un profesor, cuyos deudos contaría con "una fosa de primera para la inhumación del cadáver", y si los méritos del finado "fueren notables", debían tributarles "las honras fúnebres".

    Las repuestas

    Con la aprobación de los congresistas, se elaboraron los dictámenes respectivos, cuyas resoluciones fueron puestas a la vista de los mandatarios políticos, en sus distintos órdenes de gobierno, para su conocimiento y acatamiento, según sus posibilidades de hacerlo. Una de las resoluciones recomendó retribuir "de una manera digna al profesorado". Otra aconsejó a las autoridades distinguir a los profesores, "dándoles puestos, comisiones o cargos honoríficos, compatibles con la labores escolares". Una más pedía para los profesores en servicio la exención de todo pago de impuestos y del servicio militar, "aunque éstos fueran obligatorios para todos los ciudadanos".

    También se abogó por los profesores aplicados, que hayan cumplido sus deberes satisfactoriamente, "distinguiéndose por su dedicación y  buen aprovechamiento de sus alumnos", para que les adjudicaran como "premio a su mérito y servicios", una medalla de bronce, plata u oro, y aumentos salariales de entre 5 y 100 por ciento, según la antigüedad en el servicio, esto es 5, 15, 20 o más años. Siguiendo ese mismo orden de ideas, se estableció una resolución que abordó el tema de la jubilación de los maestros, lo que constituye un importante antecedente  y que a la letra dice así:
    "Después de haber desempeñado el cargo de profesor por un periodo de 30 años, quedará el interesado en pleno derecho de que sea concedida su jubilación con el goce de todo su sueldo. Esta remuneración será cubierta por el Estado al cual hubiere servido el agraciado".

    Por lo expuesto hasta aquí, nadie puede negar que las resoluciones de los congresistas, los reclamos irónicos del ministro Sierra y las exigencias de dirigentes antiporfiristas, constituyeron un paso relevante en favor del magisterio, que si bien no tenían valor jurídico ni obligaban a los gobernantes a acatarlas, sí influían y ganaban suficiente consenso entre ellos, dada la pertinencia de los planteamientos, robustez de argumentos y la sensatez que conllevaban. En consecuencia, los estados alinearon sus leyes y reglamentos escolares, consignando en ellos hasta derechos asociados a la jubilación y pensión vitalicia, lo que indudablemente marcó un hito en la historia de la justicia laboral mexicana.

    La primera camada 

    A continuación, presento un listado de la primera camada de maestros jubilados, incluyendo un par de mujeres viudas, que fueron agraciadas con la pensión de su finado esposo, en él no están más que unos cuantos, los suficientes para tener una idea de la primera camada de jubilados y pensionados: Francisco Angulo, jubilado hacia los años de 1880, con una pensión de 15 pesos mensuales. María López se hizo acreedora de una pensión mensual con valor de 30 pesos, en 1902, por enseñar más de 40 años en escuelas del estado. Guadalupe Viuda de Salcedo, en 1913, obtuvo una pensión de 60 pesos al mes, en virtud de los servicios educativos de su extinto esposo, profesor Leocadio Salcedo. María Viuda de Lafontaine, en 1914, recibió una pensión de 125 pesos mensuales, por la larga trayectoria docente de su finado esposo, José Lafontaine.

    Correo electrónico: [email protected]

    Hermosillo, Sonora, 12 de agosto de 2021

     

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