Ciudad de México, 6 de febrero de 2019. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participó en la primera audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados, para el análisis, discusión y elaboración del proyecto de dictamen que reformará los Artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución mexicana, con el objetivo de que se escuche la voz de los maestros y queden a salvo sus derechos laborales.
Convencido de que la construcción de una política educativa sólida requiere de la corresponsabilidad y el consenso de los actores que participan en el campo de la educación, el SNTE reconoció este ejercicio de reflexión plural y colectiva.
A la audiencia organizada por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados asistieron los profesores Silvia Luna Rodríguez y Gustavo Michua y Michua, en representación de la dirigencia nacional del Sindicato, encabezada por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas.
Al tomar la palabra, el profesor Michua y Michua expuso que, para el SNTE, uno de los compromisos fundacionales es el de trabajar a favor del fortalecimiento de la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, científica, democrática y nacionalista que postula el Artículo 3º de la Constitución y que las maestras y maestros saben que una educación equitativa, incluyente y de calidad, es esencial para el progreso de la nación y el bienestar de los mexicanos.
Señaló que el Sindicato coincide en objetivos y contenidos de la Iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo, ya que contiene las propuestas surgidas de su más reciente Congreso Nacional y sus diversos Congresos Seccionales, en los que participaron maestros, directores de escuela y personal de apoyo técnico pedagógico, y que también expusieron en ejercicios previos de consulta organizados en su momento por el equipo de transición del actual gobierno.
El SNTE, subrayó, considera de suma importancia la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, y del Servicio de Carrera Profesional del Magisterio, ya que representan un reconocimiento del Ejecutivo Federal al papel que el magisterio desempeña en el salón de clase y en su comunidad educativa; un compromiso del gobierno de la república con la protección de la dignidad y los derechos del magisterio y garantiza que cada maestro tenga la posibilidad de tener una trayectoria profesional que promueva su derecho a aprender con base en su contexto y necesidades pedagógicas; respete sus derechos profesionales, su derecho a la promoción vertical y horizontal; así como un sistema de estímulos que motive el desarrollo profesional y mejore las condiciones de vida de maestras y maestro.
Es un mensaje claro de que la equidad, la calidad e inclusión no dependen solamente de la labor de los maestros, que es una tarea que requiere de la participación de todos los actores educativos.
Sin embargo, como todo proyecto, la iniciativa es perfectible y el SNTE propone, entre otros puntos, que la educación sea una política de Estado y de Nación, para “trascender un periodo sexenal y los periodos de alternancia; sustraerla de la visión, los intereses y las disputas entre grupos o partidos; destinarle recursos financieros, humanos, pedagógicos, materiales y tecnológicos crecientes y suficientes; fortalecer el compromiso y la participación democrática y responsable de todos los actores políticos, económicos y sociales, para apoyar la gran transformación educativa que el país requiere”.
Asimismo, pide consolidar el derecho a la educación para todas y todos los niños; que el Estado imparta educación inicial que favorezca su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social.
En cuanto a la formación de docentes, el SNTE plantea articular los métodos de enseñanza y las prácticas pedagógicas de las Escuelas Normales, con las de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, para constituir un efectivo y sólido sistema de formación, capacitación y desarrollo profesional del magisterio. Además de que se reincorpore el sustento jurídico de la autonomía, la libertad de cátedra y la facultad de las universidades e instituciones de educación superior “de gobernarse a sí mismas”.
El profesor Gustavo Michua también expresó que es necesario precisar conceptos como “el principio de excelencia”, ya que no es un vocablo de origen pedagógico, sino que proviene del lenguaje empresarial y podría propiciar desigualdad social. El principio de equidad igualmente dijo, requiere mayor rigor conceptual, pues existe el riesgo de que se siga reproduciendo la visión tecnocrática que legitima la idea de dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y capacidades individuales.
Para concluir, subrayó que, en el marco de su autonomía, el SNTE mantendrá un diálogo constructivo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, y seguirá siendo un aliado confiable del Estado y de la sociedad mexicana, puesto que los unen los propósitos de garantizar a los niños y jóvenes mexicanos el ejercicio pleno de su derecho humano a la educación, así como fortalecer y dar viabilidad a la educación y escuela públicas, siempre con la reivindicación legal y legítima de los derechos económicos, sociales, profesionales y colectivos de los trabajadores de la educación.
La audiencia estuvo moderada por la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la legisladora Adela Piña Bernal. Además, participaron los diputados Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; y Juan Pablo Sánchez Carrillo, secretario de la Comisión de Educación; así como Luis Alberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quienes coincidieron en la importancia de la participación de los maestros en la construcción de la nueva Reforma Educativa.
