Ciudad de México, 20 de febrero de 2018. En el marco del foro “Hacia una nueva Legislación para el Fortalecimiento de la Educación de niñas, niños y jóvenes”, al que convocó la Comisión de Educación del Senado de la República, este día, senadores, funcionarios y especialistas analizaron la iniciativa que en materia educativa propuso el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, particularmente la propuesta para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por un centro encargado de la revalorización del magisterio.
En el foro, el senador Rubén Rocha Moya destacó que se trata de conocer todos los puntos de vista sobre la reforma constitucional que “ya se avecina”.
“Queremos construir el consenso necesario en un tema relevante de la agenda nacional”, afirmó el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, señaló que la reforma educativa de 2013 puso énfasis en la relación laboral de los maestros con la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema, pero “nunca atendió los contenidos sustantivos de la educación” y generó tensión entre docentes y autoridades.
Por ello, agregó, uno de los elementos centrales del proyecto del nuevo gobierno es sustituir al INEE con el Centro Nacional de Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, organismo con autonomía técnica que tendrá entre sus objetivos capacitar y actualizar al magisterio de manera permanente.
Dicha institución también se encargaría de elaborar estudios, mediciones e investigaciones especializadas; determinar estándares e indicadores de los resultados de los procesos educativos; y emitir lineamientos relacionados con la formación y mejora continua del magisterio, de las escuelas y el desempeño escolar.
Además, contará con un consejo consultivo, integrado por docentes, madres y padres de familia, representantes de organizaciones civiles, investigadores y expertos, que participará en la elaboración de un programa con efectos transexenales.
Sylvia Schmelkes del Valle, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, advirtió que sin autonomía la evaluación de una de las áreas más sensibles de la sociedad “corre el riesgo de debilitarse, de hacerse a modo, de experimentar una inflación de resultados como ya ocurrió con la Prueba Enlace”.
Consideró que con el cambio propuesto también se perdería la instancia que vela con independencia por la mejora continua y el cumplimiento del derecho de los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad.
Asentó que el propósito de la autonomía de un órgano evaluador de la educación es asegurar que las mediciones de componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional produzcan información pertinente, válida y confiable, que se obtenga y analice con rigor técnico, con independencia de la autoridad educativa.
También alertó que eliminar de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso, pondría en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas. “Volver a la compra, herencia de plazas y al clientelismo que de ahí se deriva, es atentar contra el derecho” de los menores, alertó.
El investigador, Hugo Aboites Aguilar, asentó que uno de los errores de la reforma de 2013 fue introducir en el texto de la Carta Magna un manual para el funcionamiento de un instituto para la evaluación de la educación superior y eso se repite en la iniciativa presidencial. Ello, agregó, corresponde a las definiciones de las leyes secundarias.
La investigadora Frida Díaz Barriga aseguró que la política de evaluación en México instauró y normalizó los mecanismos de exclusión de individuos y grupos. En este sentido, éste es uno de los temas a replantear en la reforma.
El profesor Pedro Torres Crespo presentó una iniciativa alterna, en la que el maestro es un agente primordial de la transformación educativa y para ello debe estar altamente calificado. El cambio, aseveró, “se dará cuando el magisterio, la sociedad y el gobierno logren sacudirse las tutelas burocráticas que aún se ciernen sobre ellos”.
La senadora Beatriz Paredes Rangel, quien moderó el foro de análisis, consideró que la reforma al artículo tercero constitucional tiene que ser la columna vertebral del proyecto de sociedad que queremos.
