Cada año, en el mes primaveral, se conmemora el Día Mundial del Agua, en virtud de una resolución de Naciones Unidas, que data de 1992, y consagra el 22 de marzo a su celebración. Esta vez se verificó con el lema “Valoremos el agua”, tras un intento más por hacer conciencia colectiva respecto a la relevancia del “oro azul”.
Con todo, hoy por hoy el “oro azul” se haya menospreciado; pasa por un momento sombrío, con prolongada sequías y desabasto sostenido; distribución inequitativa y acaparamiento desmedido; unos cuantas mineras o embotelladoras se benefician sin llenadera; en tanto millares carecen de agua y no pocos ni siquiera tienen conexión a la red hidráulica, sin soslayar la dudosa calidad potable.
Todo eso, hace temer que estamos ante una de las peores crisis hídricas de la historia, que coincide, para colmo, con un contexto social dramático y desolado, derivado de la pandemia en curso, cuya enfermedad tiene al mundo en vilo. En tales circunstancias, el agua ayuda a disminuir riesgos de contagio. Es sabido que la higiene de manos, principalmente con agua y jabón, es un gran paso por la vida.
En su más reciente conmemoración, creí pertinente recordar algunos problemas y protestas sociales vinculados al agua, entre ellos el fallido proyecto de instalar en Mexicali una cervecería extranjera, que acapararía casi 50 por ciento del líquido disponible.
Antes la tribu yaqui protestó y opuso resistencia en contra del gobierno de Sonora y su Acueducto Independencia, alegando despojo de sus ancestrales recursos hídricos.
Asimismo, viene a la memoria la lucha de pueblos ribereños en contra de la minera de Cananea, cuyos dueños acaparan grandes volúmenes de agua, y pesa sobre ellos la acusación de envenenar las aguas del río Sonora, con desechos químicos de sus negocios.
Por último, no está de más recordar el choque entre agricultores de Chihuahua y autoridades federales, en el que los primeros, con la venia del gobierno estatal, tomaron presas e impidieron que sacaran agua para suministro de Estados Unidos, en cumplimiento de un Tratado Internacional de Aguas, suscrito por el ejecutivo mexicano y el del país vecino en 1944.
No son esos los únicos altercados sociales y políticos que se recuerdan. Ya antes, entre los siglos XIX y XX, hubo otros tantos parecidos, que también dieron pie a protestas ciudadanas, quejas, enconos, controversias y hasta riesgo de hechos de armada, para dirimir diferendos o la potestad sobre el “oro azul”.
A modo de ejemplo, se recuerda el choque entre el presidente Carranza y el gobernador De la Huerta, suscitado 100 años atrás, con motivo de una resolución presidencial que adjudicaba la propiedad de las aguas del río Sonora a la federación, por considerar que cumplían requisitos constitucionales para declararlas patrimonio de la nación.
Tal disposición, fue vistas por los perjudicados como un despropósito, una medida ilegal, dado que respondía a una interpretación equivocada de la constitucional, insistían los opositores, quienes propusieron echarla abajo mediante la negociación o la vía legal, sin descartar la presión política o incluso hacer la guerra, hasta conseguir su derogación, que traería consigo la preservación inalterada de la soberanía y potestad sobre las aguas del río Sonora, que si bien no eran un diluvio ni se disponía de ellas permanentemente, sí daban alivio a los ribereños, que lidiaban de manera sostenida con la escasez hídrica en su lucha por la vida y las actividades productivas..
La defensa transitó por una ruta de doble pista: una legal y otra política. Ambas estrategias ganaron consenso entre autoridades, políticos, ciudadanos y periodistas, todos afines a la causa. Éstos últimos hacían labor propagandista, con énfasis en la defensa legal y argumentaban en pro de la soberanía y jurisdicción del río Sonora, pero también inducían a la opinión pública; buscaban ganar adeptos ante la eventualidad de que el diferendo escalara hasta un conflicto armado.
El 9 de enero de 1920, Rosendo L. Galaz del periódico Orientación, hizo de conocimiento público un artículo en defensa de la soberanía y potestad del estado de Sonora sobre sus recursos hídricos. Impugnaba la decisión presidencial de declarar “propiedad de la Nación las escasas aguas del río de Sonora”, advirtiendo que estaba fuera de lugar; “no tiene ningún fundamento legal”. Advertía, privar al estado del derecho sobre sus aguas, más que un agravio, era un verdadero despojo a campo abierto, sostenía el reacio columnista.
De acuerdo con su publicación, suficientemente documentada y elaborada con estilo didáctico, al alcance de entendimientos doctos o neófitos, cabía la sospecha de que el presidente haya sido sorprendido o, en todo caso, emitió su resolución a la ligera; “poco o nada estudió el asunto para resolverlo”, lo que infiere con base en “su lacónico acuerdo”, que a la letra decía: el ejecutivo federal “ha tenido a bien declarar que las aguas del río de Sonora son propiedad de la Nación, atendiendo a que tiene aguas permanentes”, lo que era un requisito prescrito en la Constitución de 1917, en su artículo 27.
En opinión del mismo periodista, esa superior resolución era legalmente improcedente; derivaba de una interpretación inexacta de ley, “para consumar el despojo” de aguas dulces. Alegaba: si el río Sonora llevara “aguas permanentes“, no bastaba “esa sola circunstancia para declararlas federales”, pues a la luz del 27 constitucional, era requisito adicional que las aguas desembocaran en el mar o cruzaran dos o más entidades federativas, y como “es perfectamente sabido de todos en Sonora, las aguas del río de su nombre ninguna de esas condiciones cumple, porque no son permanentes ni mucho menos desembocan en ninguna parte.”
Más claro ni el agua. De ahí que el periodista exclamara: “Pregunto yo, ¿son federales las aguas del río de Sonora?, ¡No, y mil veces no!, respondía él mismo de modo lacónico y categórico.
Finalmente, se antoja decir que la resolución referida, que mandaba transferir agua dulce sonorense al dominio federal, no fue más que un escuálido amago discursivo. Sin embargo, semejante ineficacia o desatino, no debe interpretarse como resultante de las presiones en su contra, o de que Carranza haya dudado de su validez jurídica.
Lo que parece estar detrás de aquella fallida resolución, fue el choque armado entre Carranza y sus adversarios revolucionarios, con Calles y Obregón a la cabeza, suscitado pocos meses después de que fuera emitida, el cual acabó con la vida del presidente Carranza, tras su intentona de imponer a su sustituto, con lo que la resolución de marras no fue más que letra muerta.
