Hermosillo, Sonora, 11 de febrero de 2023
Impensable celebrar un aniversario más de la Constitución Mexicana sin recordar, aunque sea a vuelo de pájaro, el papel de la revolución y de los liderazgos, que llevaron su causa hasta formular una nueva Constitución, aunque de origen, no era bandera de los movimientos insurrectos.
¡La constitución ha muerto! Esta frase apareció en el exterior de una casa editorial opositora a Porfirio Díaz, el 5 de febrero de 1903, justo cuando la Constitución de 1857 cumplía 46 años de su promulgación.
Desde entonces, un grupo de jóvenes osados, periodistas, abogados y maestros, entre otros intelectuales, iniciaron una lucha frontal contra el dictador Díaz y su red de gobernantes regionales abyectos.
Tenían motivos de sobra para eso. Lo acusaban de mandar al diablo las instituciones y abusar del poder. También lo denunciaban de hechos de corrupción y pasar por encima de la Constitución liberal de 1857.
Hartos de tantas canalladas y arbitrariedades, entre ellas ningunear las instituciones, socavar los bienes públicos, menospreciar al pueblo y debilitar la soberanía nacional, llamaron al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno porfiriano.
Con el triunfo de la revolución, los jefes carrancistas se ocuparon de formular otra Constitución, aunque en su origen no estaba en ninguno de los planes revolucionarios.
Con todo, entre los meses de septiembre y diciembre de 1916, se abocaron a organizar el Congreso Constituyente, con sede en Querétaro, al que acudieron decenas de diputados carrancistas, con objeto de reformar o diseñar una nueva Carta Magna.
Entonces afloraron diferencias entre ellos, tantas y tan hondas que derivaron en la formación de dos bloques opuestos.
Uno de ellos, se alineó al proyecto de Carranza, que buscaba sólo cambios cosméticos, para preservar el espíritu de la Constitución de 1857.
El otro bloque, proponía una transformación radical, que pugnaba por el remplazo de la Constitución liberal, por otra de nuevo cuño y alineada a los ideales progresistas de la revolución triunfante.
Fueron días y días de encuentros y desencuentros; insistentes debates acalorados y jornadas de argumentaciones encontradas, tanto que parecían una suerte de choque de trenes.
A manera de ejemplo, el debate sobre educación y su consignación en el artículo tercero, duró casi una semana, con sesiones casi interminables de entre 15 y 20 horas diarias.
Agotadas formalmente las discusiones, se procedía a votar cada artículo en cuestión; los resultados indicaban insuficiencia de consenso.
El artículo tercero, por ejemplo, fue aprobado por 99 votos, pero tuvo 58 en contra.
Con todo, el Congreso Constituyente cumplió su cometido. El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó la actual Constitución Mexicana.
Sin embargo, es pertinente señalar que, en el lapso de 107 años, pero sobre todo durante el periodo neoliberal, nuestra Carta Magna ha sufrido adulteraciones con artículos antipopulares que niegan su clara orientación social, de donde se deriva la enorme importancia de las 20 iniciativas de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado lunes 5 de febrero, que tienen como objetivo establecer derechos constitucionales y devolver a la Constitución federal su carácter público, social y humanista, tal como se aprecia, entre otras, en las que se describen a continuación:
“No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1° de mayo de este año, será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. (Fin de la cita).
Es muy seguro que en el análisis parlamentario de las próximas semanas, habrá encendidos debates en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pero sería de esperarse que el dialogo entre los legisladores federales rinda buenos frutos, habida cuenta de que las mencionadas iniciativas responden a genuinos derechos y necesidades del pueblo de México.
Nota: El autor es subsecretario de Educación Básica de la SEC en Sonora.
