Por Ricardo Aragón Pérez / [email protected]
Hermosillo, Sonora, 06 de febrero de 2025
¿Sabía usted que la idea de una nueva Constitución Política no estaba en la mente de los liderazgos revolucionarios?
Es innegable que la Constitución Política de 1917, que este 5 de febrero cumplió 108 años de su promulgación y vigencia, guarda una relación estrecha con los movimientos revolucionarios, personajes que los dirigieron y las ideas de cambio que promovieron. De hecho, hablar de ella, del ideario en que se sustenta y del contexto histórico, obliga hacer referencia a la revolución mexicana y a las reivindicaciones políticas y sociales de sus liderazgos, entre ellas la democratización del Estado, los derechos civiles y políticos, la redistribución de la tierra, la dignificación laboral, el fomento de escuelas gratuitas y la laicización de la enseñanza, así como la protección de la infancia, el respeto a las instituciones republicanas y a “los sagrados derechos del hombre”.
Sin embargo, y aunque parezca incoherencia, debe reconocerse que los liderazgos revolucionarios, incluso los más radicales y exaltados antiporfiristas, originalmente no se plantearon como bandera de lucha la elaboración de una nueva Carta Magna. A nadie de ellos se les vio al frente de protestas políticas, escribiendo en la prensa disidente y mucho menos que se levantaran en armas, motivados por el deseo de acabar con el marco constitucional en curso, esto es sepultar a la Constitución liberal de 1857, para dar paso a la construcción de una nueva Constitución Política.
Una revisión a los manifiestos, planes, programas, decretos y circulares de facturación revolucionaria, permiten constatar que lo que está en la base de esas expresiones disidentes, no es el deseo de un nuevo texto constitucional, sino la defensa de las leyes liberales vigentes, la indignación por el incumplimiento y las violaciones sistemáticas de los derechos ciudadanos, tanto políticos como civiles.
En 5 de febrero de 1903, en el marco del aniversario 46 de la Constitución de 1857, varios dirigentes y periodistas disidentes, entre ellos los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, protagonizaron una protesta política en contra del gobierno porfiriano, al que acusaban de pasarse por el arco del triunfo a la Carta Magna de 1857 y violar de modo sostenido derechos consagrados en el texto constitucional, como la libertad de expresión, por lo que exigía su pleno restablecimiento.
Tres años después, el núcleo directivo del Partido Liberal Mexicano hizo de conocimiento público el programa de su partido, y en un manifiesto a la nación criticó duramente al gobierno de Porfirio Díaz, al que calificó de dictador, corrupto y apátrida. También lo acusó de no respetar las instituciones, imponer gobernantes a modo, hacer alianzas con grupos de poder y facilitar el saqueo del país, pasando por alto los preceptos constitucionales, por lo que llamó al pueblo a levantarse en arma contra el dictador y restablecer así el marco legal, incluyendo en él varias reformas sociales: reglamentación de la jornada y sueldo del trabajo doméstico, prohibición del trabajo infantil, impulso de la educación gratuita y laica, “base del engrandecimiento de la Patria”, y dignificación salarial a los maestros.
En su Plan de San Luis, Madero llamó a tomar las armas y acabar con el gobierno porfiriano. Convencido, no sólo del fraude electoral de 1910, sino también de que el orden constitucional estaba transgredido y, por tanto, los derechos ciudadanos “solo existen escritos en nuestra Carta Magna”, Madero llamó a protestar con las armas en manos, designado la noche del domingo 20 de noviembre, “para que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la Republica se levanten en armas”, a fin de desconocer el gobierno espurio de Porfirio Díaz, frustrar “el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México” y declarar a la Constitución de 1857 y leyes asociadas vigentes en toda la República.
En cuanto al Plan de Guadalupe de 1913, documento político mediante el cual se desconocía al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y responsabilizaba a Venustiano Carranza de la formación y conducción del Ejército Constitucionalista, cuya misión consistía esencialmente en la restauración del orden constitucional. Algo similar contenía el “Manifiesto a los habitantes de Sonora”, fechado en Nacozari de García el 12 de marzo de 1913, el cual fue respaldado por “5000 ciudadanos en armas”, que bajo el grito de ¡Viva la libertad! se lanzaron contra el gobierno huertista, para “hacernos justicia” y “restituir a cañonazos los derechos de la gente conculcados”, pues a decir de los dirigentes, la Patria estaba en peligro, “las instituciones amenazadas de muerte” y “la constitución profanada”, todo a causa de un gobernante despótico, que ya tenía sus horas contadas.
En agosto de 1915, el gobernador carrancista, Plutarco Elías Calles dio a conocer al pueblo de Sonora su programa de gobierno. En él se comprometía, en primer término, a fundamentar sus acciones en el marco constitucional, hacer valer los derechos del hombre y respetar las instituciones republicanas, tal como lo declararon y consignaron los diputados del Congreso Constituyente de 1857, en el histórico texto constitucional del 5 de febrero del año indicado.
Por lo expuesto hasta aquí, se confirma que, en ningún documento político, con independencia del bando revolucionario que lo suscribió, previo a los debates parlamentarios y a la promulgación de la Constitución de 1917, se planteó como reivindicación la construcción de un nueva Carta Magna, incluso Carranza era de ese parecer y se mostraba renuente a echar por tierra la Constitución de1857. Sin embargo, conforme la revolución avanzó y los jefes tomaron las riendas de los gobiernos locales, aplicaron políticas, programas y reformas sociales de alto calado, lo que planteó la conveniencia, y ganó suficiente consenso entre los revolucionarios, de redactar un Constitución Política de nueva generación, la cual fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917.
