Por José Guadalupe Montaño Villalobos
Magisterio en Línea, 30.01.2026
Es positivamente alentador que la iniciativa que presentó e impulsó, con diálogo y acuerdos parlamentarios de tono propositivo, el senador Alfonso Cepeda Salas, para reformar el artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 64 Quáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fuera aprobada por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que haya sido promulgada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 15 de diciembre de 2025.
Hay que saludar con entusiasmo esta trascendente reforma legal, con la cual se fortalece el Estado de derecho, se consolida la democracia sindical y se asegura que la asociación, libre elección y representación de las y los trabajadores se respeten plenamente, ya que con estas modificaciones, se considera falta administrativa grave cualquier acción de servidores públicos que obstaculice o interfiera en los procesos democráticos internos de los sindicatos.
Además, el decreto amplía la protección jurídica a las organizaciones sindicales del apartado B del Artículo 123 constitucional, al establecer que los actos de injerencia de los funcionarios públicos, serán sancionados con suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, así como sanciones económicas, según corresponda.
“La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos, y, desde luego, es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía”, advirtió el senador Cepeda Salas.
Por lo pronto, cabe mencionar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo un llamado a los congresos locales a realizar las adecuaciones normativas correspondientes para que la autonomía sindical sea una realidad en todo el país.
En consonancia con lo anterior, en Hermosillo, los líderes magisteriales Héctor Ernesto Félix Tabardillo y Jesús Javier Ceballos Corral, secretarios generales de las Secciones 28 y 54 del SNTE, respectivamente, estuvieron presentes el martes de esta misma semana, en la sala de Comisiones del Congreso del Estado de Sonora, en donde, a través de la Comisión de Asuntos del Trabajo, se analizó, en conjunto con el Consejo Social y Permanente, la iniciativa que propone armonizar la legislación estatal con la reforma federal en materia de libertad sindical.
En el acto, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT), presidente de la comisión, destacó que la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario y Nueva Alianza Sonora tiene el propósito de adecuar el marco jurídico estatal a la reciente reforma federal en la materia.
La modificación, dijo, busca que los sindicatos del servicio público en la entidad estén protegidos frente a cualquier acto de injerencia indebida por parte de autoridades o de personas servidoras públicas.
Las diputadas y los diputados presentes expusieron que la propuesta busca tipificar la injerencia sindical como falta administrativa grave, fortaleciendo la libertad gremial, la imparcialidad institucional y los procesos democráticos al interior de las organizaciones de personas trabajadoras.
Por su parte, representantes del Consejo Sindical, integrado por líderes de diversos sindicatos locales, compartieron opiniones y observaciones sobre la iniciativa, subrayando la relevancia de contar con reglas claras que garanticen el respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras.
Por último, el diputado Ortiz Arvayo informó que la iniciativa en análisis se dictaminará en una próxima reunión de la comisión a su cargo.
Asimismo, anteayer, el secretario de la comisión, diputador profesor César Adalberto Salazar López, publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Acordamos por unanimidad en reunión de Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado de Sonora, aprobar la iniciativa que armoniza nuestro marco jurídico con la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, estableciendo sanciones claras contra la injerencia de servidores públicos en procesos sindicales. Con ello, se busca garantizar que las elecciones sindicales sean libres y democráticas, y se fortalece la profesionalización del servicio público. Este esfuerzo busca brindar mayor certeza jurídica, prevenir presiones políticas o administrativas y consolidar un Estado de Derecho sólido en beneficio de todas y todos los trabajadores del servicio público”.
Con tales antecedentes, es muy posible que la próxima semana se apruebe por unanimidad en el Pleno la iniciativa aludida, que ha sido muy bien recibida por las organizaciones gremiales de México y de Sonora, de manera que mi aplauso y reconocimiento para los legisladores de todos los partidos políticos.
