Hermosillo, Sonora, 4 de febrero de 2024
El jueves 2 de febrero de 1984, a primera hora del día, el Boletín Oficial del Estado dio al pueblo de Sonora una muy buena noticia: la creación de la Secretaría de Fomento Educativo y Cultura, conforme a la ley estatal número 44 que, en su artículo 22, consignaba un repertorio de doce dependencias estatales, entre ellas, ocho secretarías, figurando la de educación y cultura en penúltimo lugar, después de la de salud pública y antes de la de desarrollo urbano y rural, pero con la novedad de ser una secretaría de nuevo cuño, cuya misión era llevar educación al pueblo, facilitar su desarrollo y valerse de ella para “abatir la injusticia, la servidumbre y el dogmatismo”, lastres sociales que seguramente aún persistían, pese a que la constitución de 1917 encomendó a la escuela su abolición.
De acuerdo con el artículo 29, la nueva Secretaría de Fomento Educativo y Cultura tendría a su cargo un mundo de tareas administrativas, normativas, formativas, culturales, deportivas y hasta de vigilancia, que fueron consignadas y descritas con precisión en trece de catorce fracciones en que se desdoblaba el artículo referido. La fracción primera, ejemplo, delegaba en ella la responsabilidad de formular políticas y programas de fomento educativo, científico, cultural, deportivo y artístico. Tocaba a esa dependencia, prestar y garantizar que el servicio educativo llegara a todos los municipios, incluyendo los programas de educación para adultos, que para entonces eran miles, 53 000, para ser exactos, que no sabían leer ni escribir.
Dos tareas dignas de remarcarse, por lo tempraneras y visionarias de éstas, son las que obligaban; por un lado, a extender el beneficio educativo hasta las comunidades indígenas, procurando su desarrollo y bienestar comunitario, sin pasar por alto la preservación de sus tradiciones; por otro lado, las que promovían “actividades educativas tendientes a preservar y mejorar el medio ambiente”, todo en coordinación con instancias federales, municipales y particulares.
Además de promover el crecimiento de servicios educativos, garantizar su buena marcha y accesibilidad al pueblo, la secretaría educativa también debía “vigilar en los plateles educativos públicos y particulares”, la observancia del artículo tercero constitucional, la ley educativa y demás disposiciones vigentes respectivas.
Por lo dicho hasta aquí, se puede concluir que las funciones asociadas a la nueva secretaría educativa no eran tareas menudas, más cuando su campo de acción arrastraba insuficiencias y desafíos complejos, como aumentar los índices de escolaridad básica, subir la capacidad de absorción especialmente en prescolar, secundaria y educación especial, así como la formación de nuevos profesores para esos niveles y modalidades, además de ampliar la construcción de nuevos planteles educativos y, sobre todo, auspiciar la enseñanza técnica y el sistema de telesecundarias, que era una alternativa pensada para remediar las carencias educativas en las comunidades rurales, lo que exigía también preparar maestros especializados en esa inédita modalidad escolar.
Todos esos retos, descomunales, por cierto, planteaban la urgencia de estructurar un sistema estatal de educación, pendiente aún de concretarse, por lo que se observaba una marcada fragmentación: por un lado, el sistema estatal y, por otro, el federal, ambos con lógicas de gestión independientes.
En esas circunstancias apremiantes, y dada la magnitud de las exigencias del servicio educativo, la antigua Dirección de Educación Pública, con más de siete décadas de existencia, no tenía estructura administrativa ni técnica y mucho menos atribuciones legales, para responder en sintonía a las necesidades coyunturales, por lo que el gobierno del doctor Samuel Ocaña García, con la aprobación del Congreso del Estado, decretó su abolición y, en su remplazo, estableció la Secretaría de Fomento Educativo y Cultura, nombrando enseguida al profesor José María Ruiz Vásquez, como primer titular en funciones, lo que marca el inicio fundacional de esa cuarentona institución educativa.
Cabe mencionar, que el propio José María Ruiz Vázquez, quien también fue secretario general de la Sección 54, en el periodo 1975-1978, en un libro de su autoría (p. 86), comenta lo siguiente:
“El profesor José Luis Andrade, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, solicitó al candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Dr. Samuel Ocaña García, intercediera ante su partido para que el profesor Ruiz fuera lanzado a la candidatura para buscar una diputación local. Pero éste le informó, que para él tenía destinada la Dirección General de Educación, sin que hubiera mediado ninguna petición al respecto. Después de ocupado este puesto fue nombrado por el mismo Dr. Ocaña, ya siendo Gobernador, primer Secretario de Educación del Estado”. (Sección 54-Sonora, Los Secretario Generales, datos biográficos, Editorial del Magisterio “Benito Juárez”, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, 1999).
Nota: El autor es Subsecretario de Educación Básica de la SEC en Sonora.
