Por Ricardo Aragón Pérez
Magisterio en Línea / Hermosillo, 04.07.2025
De acuerdo con la Constitución Política de Sonora de 1861, cada gobernante, incluso los alcaldes, debían presentar a los diputados un proyecto presupuestario de gastos anuales, para su revisión, modificación y, en su caso, aprobación. En él, usualmente proponían una serie de rubros, partidas, asignaciones y servicios de interés público, cuyos costos pagaba con recursos propios, como el que proporcionaban las escuelas primarias, cuya enseñanza era oficialmente gratuita, por lo que el importe de sus costos, entre ellos el sueldo de los maestros, que era el gasto principal, corría a cargo del gobierno estatal y de las autoridades municipales, ya que ambas instancias compartían legalmente responsabilidades educativas.
En 1874, por ejemplo, el gobierno del general Ignacio Pesqueira dispuso de un presupuesto para los gastos de su incumbencia, entre ellos el pago de servicio de escuelas públicas, equivalente a 168,416.50 pesos anuales, de los que destinaba 27,000 pesos al ramo de “Instrucción Pública”, cuyo monto representaba un incremento significativo de más del 100 por ciento respecto a los 12,000 pesos presupuestados 10 años antes, en que el mismo mandatario incluyó por primera vez en el presupuesto estatal una partida para subvenciones de escuelas de enseñanza gratuita.
Pero el siguiente año, si bien hubo un aumento presupuestal de poco más de 400 pesos anuales, al aprobarse un monto de 168,847.35 pesos para los gastos del gobierno estatal, paradojamente la partida destinada al ramo de educación pública observó un notable recorte de 3720 pesos, quedando para ese gasto la cantidad de 23, 280 pesos anuales.
Con esa disminución presupuestaria, que representaba casi el 14 por ciento menos, difícilmente podían sostener en pie todas las escuelas en servicio y pagar a los maestros la misma subvención del año escolar anterior. Entonces había en el estado una red de 128 escuelas primarias, con 3 840 educandos y una plantilla aproximada de 140 profesores, con un sueldo promedio de 25 pesos mensuales, cuyo importe anual pasaba de 40 000 pesos, lo que hace pensar que los ayuntamientos no tenían más salida que aumentar los gastos escolares o clausuraron algunas de escuelas; quizás también algunos maestros renunciaron o continuaron con menos salario.
Con todo, esa política presupuestaria era a todas luces un gran paso adelante, más si se considera que el presupuesto educativo de 1850, en que se hizo el primer registro del gasto escolar, era apenas de 479 pesos anuales, monto salido de las arcas municipales, dado que cada ayuntamiento tenía entre sus responsabilidades esenciales establecer y pagar los costos de escuela, cuyo gasto principal era el sueldo de los profesores que las servían.
Entonces había como una veintena de primarias, igual número de maestros activos y una matrícula de apenas 877 educandos. Todos los planteles operaban en las ciudades y cabeceras municipales, que no eran más que un insignificante puñado. Ures y Hermosillo, por ejemplo, tenían tres escuelas, respectivamente, mientras Arizpe, Sahuaripa, Bacanora, Baviácora, Guaymas y Álamos contaban sólo con una primaria, cuyo plan de estudio comprendía la enseñanza de lectura, escritura, aritmética y urbanidad, además de “doctrina cristiana” e “historia sagrada”.
Desde entonces, propios y extraños aseguraban que la calidad de vida de las escuelas oficiales dependía, en gran medida, del estado de salud de las finanzas públicas. En ese sentido, había quienes opinaban que la cantidad asignada al sostenimiento de la enseñanza gratuita, en el que el haber del profesorado constituía el principal gasto, no sólo indicaba el monto y la distribución del presupuesto de egresos, sino también revelaba el interés y el lugar que los gobernantes le otorgaban en sus programas de gobierno.
En septiembre de 1910, víspera de la revolución, un funcionario educativo de la federación, aseguró ante decenas de delegados estatales del Tercer Congreso de Educación Primaria, con motivo del acto de clausura, que el indicador más exacto del empeño de los gobernantes respecto al sostenimiento de las escuelas públicas era la proporción asignada al servicios de escuelas gratuitas en relación con la cantidad total de presupuesto de egresos, el cual se repartía entre varios rubros, como Fomento, Higiene, Tranquilidad Pública, Mejoras Materiales e Instrucción Pública, entre otros ramos, cuyos gastos absorbía el gobierno estatal.
Una ojeada a los presupuestos para los gastos del gobierno permite constatar cambios importantes, en cuanto a los rubros y asignaciones. Se sabe, por ejemplo, que el presupuesto de 1878 destinaba más recursos al rubro de guerra que al pago de escuelas, cuyo importe representaban como una tercera o cuarta parte de los gastos generales del gobierno estatal; en cambio, en 1910, las asignaciones presupuestarias se invirtieron: el ramo de instrucción pública absorbió el 25 por ciento del total de egresos, mientras el de guerra dispuso de poco más del nueve por ciento, lo que hace pensar que el sostenimiento de las escuelas gratuitas era prioritario, sí y sólo sí la seguridad pública no estuviera en un predicamento extremo.
