Por Ricardo Aragón Pérez
Hermosillo, Sonora, 10 de mayo de 2025
La política arancelaria del antiguo régimen porfiriano no detuvo los planes de mejora educativa de la Junta de Instrucción Pública de Guaymas, organismo no gubernamental encargado de la rectoría educativa en el municipio porteño que, liderada por su presidente, Ing. Presciliano Figueroa, se propuso construir varios edificios escolares y dotarlos de los elementos propios de un establecimiento de su clase, para lo que requería comprar en el mercado estadunidense ventanales, persianas, campanas, escritorios, mesabancos y relojes de pared, entre otros objetos comprendidos en el referido plan de mejoramiento escolar.
Pero como era obligado pagar impuestos por derecho de importación, los costos lógicamente se elevaban hasta ponerlos por las nubes, y como los recursos de la referida Junta no eran tantos; no bastaban para cubrir el pago de aranceles, enfocó su gestión en la elaboración de varias peticiones remitidas a los gobernantes del estado y de la federación, en las que solicitaba su intervención ante el Congreso de la Unión, a fin de que éste emitiera un decreto federal que permitiera a la Junta indicada importar libremente los objetos correspondientes.
Por fortuna, todos los funcionaron actuaron en la misma línea, con una postura favorable a las gestiones de la Junta de Instrucción Pública de Guaymas, lo que facilitó la construcción de dos edificios modernos y amueblados decentemente, con capacidad para albergar cuarto primarias públicas y más de 600 educandos de ambos géneros.
Más aún, hacía el último cuarto del siglo XIX, el gobierno del Gral. Luis Emeterio Torres, un militar de estirpe porfirista, triunfó en un célebre batalla arancelaria ante el gobierno de la federación, que trajo consigo la suspensión temporal de pagos de impuestos aduanales, asociados a la importación de una importante remesa de bienes escolares, entre los que destacaban escritorios, mesabancos, campanas, persianas y relojes de pared, además de material didáctico, como mapas y esferas terrestres, todo eso para uso exclusivo de las escuelas públicas de Guaymas, adquiridos en tiendas de la Unión América por cuenta de la Junta de Instrucción Pública, organismo no gubernamental que tenía la responsabilidad de administrar, dirigir y vigilar los procesos escolares, con jurisdicción en todo el municipio porteño.
Tras 14 largos meses de gestiones y concertaciones, además de un insistente intercambio de correspondencia entre representantes de los gobiernos estatal y federal, así como entre los legisladores de ambos poderes, por fin el Congreso de la Unión aprobó el decreto de exención de pagos de impuestos, en diciembre de 1889, que luego el secretario de Hacienda, Lic. Manuel Dublán, remitió al mandatario estatal, para que Junta de Instrucción Pública de Guaymas, presidida entonces por el Dr. Presciliano Figueroa, “importe, libre del pago de derechos, los objetos mencionados para las escuelas del puerto”, comunicó el mismo funcionario federal, en enero de 1890.
Para poner en perspectiva la relevancia de esa victoria, debe recordarse que el sistema escolar estatal estaba apenas en pañales y pesaba sobre él una crisis general; prácticamente carecía de todos los elementos esenciales para la enseñanza: locales, mobiliario y objetos de aprendizaje, dado que los ayuntamientos, instancias de gobierno responsables, en primer lugar, de la enseñanza obligatoria, casi no tenían ingresos para los gastos de su incumbencia, entre ellos la subvención para cárceles y alimentación de reos, así como para pagar el servicio de las escuelas primarias, por lo que éstas no sólo escaseaban y faltaban buenos maestros, sino que además casi todas carecían de edificios propios y adecuados.
Entonces Guaymas no era la excepción. Aunque tenía cuatro escuelas de sostenimiento municipal, como se estilaba entonces, ni una sola contaba con edificio propio, construido exprofeso, por lo que cientos de niñas y niños pasaban todo el santo día hacinados en salones estrechos y oscuros, insalubres e inadecuados para la enseñanza.
Un antiguo alumno porteño, recuerda cómo su escuela ocupaba una “vieja casa”, probablemente propiedad de su maestra doña Leonor Cazet, quien usaba una parte de ella como habitación familiar y destinaba la otra para enseñar a 30 párvulos. Asimismo, recordó que la escuela primaria del profesor Jesús Santa Cruz, devoto de una antigua premisa pedagógica: “la letra con sangre entra”, albergaba a sus alumnos en “una vetusta finca”, situada en un solar ajeno, muy cerca del palacio municipal; “carecía de condiciones requeridas para un establecimiento de su clase: de muebles apropiados y aun de adecuada ventilación”, aseguró el extinto educando porteño.
Todo eso, motivó a un selecto grupo de ciudadanos porteños, entre ellos ingenieros, contadores, farmacéuticos y médicos, además de periodistas, artistas, empresarios y comerciantes de renombre, a conseguir dinero mediante rifas, kermeses, conciertos y donativos, para uso exclusivo de las escuelas oficiales, especialmente para la construcción de edificios adecuados, higiénicos y seguros, sin pasar por alto el mobiliario, material de enseñanza y la contratación de maestras y maestros con perfiles idóneos; o sea, con estudios formales, carrera pedagógica y título de normalista, como fueron los casos de los profesores Carlos Martínez calleja, de Veracruz, Francos Chiapa, de México, Miguel Reyes, de Puebla, y la maestra Esther Rivera Enríquez, de Guadalajara.
En esos desafíos en mente, la Junta de Instrucción Pública, liderada el Dr. Presciliano Figueroa, se echó a cuesta un proyecto para la construcción de dos edificios, con capacidad para albergar cuatro escuelas para 600 educandos, con sus respectivos muebles para alumnos y maestros, así como diversos materiales propios de ese tipo de establecimientos.
Entonces era prácticamente obligado adquirir buena del material proyectado en el mercado americano e importarlo por la aduana fronteriza de Nogales, lo que implicaba irremediablemente el pago de derechos de importación o traslado; por consiguiente, aumentaba considerablemente el costo del proyecto, de tal modo que los recursos resultaban insuficientes, por lo que los directivos de la Junta referida enfocaron sus esfuerzos en convencer y convenir con las autoridades federales la cancelación de pagos por derecho de importación de bienes escolares.
Convencido de que los aranceles aduanales limitaban, por no decir frustraban, sus planes escolares, el presidente de la Junta solicitó a los diputados locales iniciar antes sus pares federales una ley que eximiera del pago de los derechos de importación de los artículos indispensables para la construcción de los edificios y para dotarlos del mobiliario correspondiente, lo que afortunadamente trajo como resultado la emisión de un decreto federal, fechado el 12 de diciembre de 1889 en el Congreso de la Unión.
En su “Artículo único”, el decreto estipulaba: “Se permite a la Junta de Instrucción de Guaymas, la impostación libre de pago de derechos aduanales de los siguientes objetos: 218 ventanales, 158 persianas, 556 rollos de papel tapiz, 4 campanas de metal, 10 escritores para profesores, 10 relojes, 4 esferas terrestres, 4 esferas celestes, 640 mesabancos para dos alumnos cada uno y 120 bancas-escritorios sencillos”, entro otros tantos objetos.
Aquella obra educativa, auspiciada por gente ilustrada; “la crema y nata” del viejo Guaymas, que había ido a la escuela y veía en ella la base del progreso y la felicidad, concluyó en enero de 1890.
Unas semanas después, el 5 de febrero, para ser exacto, el entonces presidente de la Junta de Instrucción Pública, Ing. Fiacro Quijano, dio posesión de los nuevos edificios a las maestras y maestros en servicio, en medio de un regocijo y general, aderezado con un programa de festividades cívicas y culturales, cuyo magno acto fue realzado con la presencia del gobernador Ramon Corral y una comitiva de representantes de los tres Poderes públicos, además de la concurrencia de profesores, alumnos y padres de familia.
