Por Ricardo Aragón Pérez / [email protected]
Magisterio en Línea, Hermosillo, 20.11.2025
El 25 de mayo de 1911, un periódico de circulación nacional dio una gran noticia de interés público. Informó que un selecto grupo de cuatro políticos prominentes, adherentes a bandos políticos e ideológicos opuestos, se reunió en el edificio de la aduana fronteriza de Ciudad Juárez, para dialogar sobre el conflicto armado en curso y delinear una salida pacífica, que pusiera fin a la guerra entre maderistas y porfiristas y trazara un camino para restablecer la tranquilidad pública y el orden legal, perturbado a causa de la lucha armada que había dejado tras de sí una estela de muertes y daños materiales de alto calado.
Tras el avance de los maderistas insurrectos, a mediados de 1911, las fuerzas gobiernistas se hallaron prácticamente en un callejón sin salida; en jaque mate, por lo que el presidente Porfirio Díaz, blanco de los alzados, no tuvo otra opción más que aceptar la derrota y disponer la rendición del ejército de su mando, así como desocupar Palacio Nacional en un plazo menor de 10 días, antes de que los maderistas alzados lo echaran a fuerzas de balas.
Poco antes de dejar vacante la silla presidencial y autoexiliarse sano y salvo a Europa, don Porfirio aceptó dialogar con su contrincante Madero, quien meses atrás incitó al pueblo para derrotarlo por la vía armada, con objeto de formalizar juntos un armisticio, para “alcanzar en breve tiempo en toda la República una paz definitiva” y facilitar la formación del nuevo gobierno emanado de la revolución.
Para eso, los dirigentes de uno y otro bando en pugna acordaron un pacto de paz, en el que consignaron, en primer lugar, el cese de hostilidades en todo el territorio nacional. Dicho pacto fue firmado por los denominados “comisionados de paz”, entre ellos: el licenciado Francisco S. Carbajal, comisionado del agónico gobierno porfirista; doctor Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero y licenciado José María Pino Suárez, los tres últimos representantes de la revolución triunfante.
Ese célebre convenio de paz sucedió el 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, localidad ocupada por los maderistas alzados. En su versión original, el pacto comprende una estructura de cuatro puntos principales, todos de contenido estrictamente político. El primero, por ejemplo, versa sobre la separación de la presidencial de Porfirio Díaz. En él se asienta “Que el señor general don Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de que termine el mes en curso”.
En el mismo sentido se escribió el punto número dos, pero con referencia al vicepresidente Ramón Corral, de quien se tenían noticias fidedignas de que “renunciará igualmente la Vicepresidencia de la Republica dentro del mismo plazo”. Mientras tanto, el licenciado Francisco León de la Barra, ministro en funciones y persona de confianza del general Díaz, se haría cargo provisionalmente del Poder Ejecutivo Federal, con el compromiso de convocar a elecciones generales, conforme al mandato constitucional, prescribía el punto número tres.
Finalmente, y conforme al punto número cuarto, el gobierno emanado de la revolución asumió el compromiso de evaluar los reclamos por bienes dañados y determinar los “conducente a las indemnizaciones de los prejuicios causados directamente por la Revolución”. Además, se comprometió a reconstruir cuanto antes “las vías telegráficas y ferrocarrileras que hoy se encuentran interrumpidas”.
Así, el célebre Tratado de Ciudad Juárez formalizó el fin de la revolución, con dividendos políticos favorables a la cauda maderista, cuyo triunfo restregaron en las narices de Porfirio Díaz y de su frustrado ejército, cuyos altos mandos no se resignaron a la derrota; esperaron tiempos mejores para cobrar venganza y superar el trauma causado por la chusma maderista, lo que lograron meses después con el cuartelazo de 1913, que no sólo acabó con el gobierno constitucional de Madero, sino también con su vida y la de su vicepresidente Pino Suárez.
