Por Ricardo Aragón Pérez / [email protected]
Magisterio en Línea, Hermosillo, 31.10.2025
¿Sabía usted que la educación pública históricamente ha ocupado un lugar preponderante en el ideario y planes de gobierno?
En efecto, la educación pública ha ocupado un lugar importante en el ideario político de los gobernantes, en sus planes de interés público y programas sociales, con independencia partidaria, creencias, ideologías y estilos de gobernar.
Remontar la mirada a partir del primer gobierno constitucional del Estado, presidido por Manuel Escalan y Arvizu (1832-1836), hasta los tiempos de los gobernadores porfiristas, entre ellos Ramón Corral (1885-1899), máximo exponente estatal de esa clase política, permite constatar la existencia de proyectos educativos relevantes, como el cambio de contenidos programáticos, métodos de enseñanza, instrumentos normativos, mecanismos de control, apertura escuelas y construcción de edificios para ellas.
En sintonía con esa larga tradición pedagógica, los gobernantes revolucionarios agregaron valor e impulsaron una política educativa más efectiva y duradera. Plutarco Elías Calles, por ejemplo, auspició programas de establecimiento de escuelas gratuitas y contrató cientos de maestras y maestros. También presionó a las compañías mineras y ferroviarias, así como a los dueños de haciendas y ranchos, para que abrieran escuelas gratuitas con recursos propios, en bien de niños y niñas que nunca antes habían visto un maestro de escuela en su comunidad.
Entonces los gobernadores no sólo daban la cara por la educación pública y dedicaba buena parte del erario para financiar sus gastos, sino también propiciaba espacios de diálogo con los maestros, cuyas voces consultaba y tomaba en cuenta antes de formalizar algún proyecto de alto impacto educativo, lo que indica a todas luces que no sólo reconocían y elevaban la mirada del profesorado, sino también dignificaba o enaltecía parcialmente a su profesión, pues todavía ésta arrastraba rezagos históricos, como su condición de paria y escaso reconocimiento social.
Con todo, son inobjetables algunos hechos educativos de avanzada temprana, que ilustran el interés, compromiso y desempeño singular de los gobernantes revolucionarios. Según los registros estadísticos del ramo, se infiere un importante adelanto, tanto cuantitativo y cualitativo a la vez, con énfasis en el crecimiento de la cobertura de escuelas públicas y en la igualdad de oportunidades de estudio para hombres y mujeres, cuyos indicadores numéricos y de género contrastan mucho con los de la educación privada.
A modo de ejemplo, hacía los años de 1920, existían poco más de 370 escuelas de gestión pública, mientras el sector privado sólo tenía cinco bajo su 5 posesión. Las primeras, reunían como 36 000 educandos, provenientes de zonas urbanas y rurales; en tanto las segundas, atendían una población marcadamente minoritaria, con 325 alumnos inscritos, casi todos domiciliados en ciudades.
Y qué decir del personal docente, que los oficiales sobrepasaban con mucho a los particulares, cuya plantilla abarcaba como a 1000 profesores de ambos géneros, contra un raquítico cuerpo de apenas 22 mentores, en su mayoría mujeres, probablemente religiosas.
A propósito del género, también se constata un ambiente más equitativo en el ámbito público, lo que sugiere el asomo de un cambio de mentalidad, mientras que en el sector particular persistían antiguos estereotipos de género, con una participación predominante de varones en los espacios escolares.
Entonces había escuelas públicas en número similar para hombres y mujeres; incluso se advierte un número ligeramente superior de planteles para mujeres. Pero los de gestión privada favorecían claramente a los hombres, con una matrícula de 243 eran varones, contra apenas 82 mujeres, aunque en el caso del personal docente, paradójicamente los números favorecían a las maestras, 16 féminas contra 6 de género opuesto.
En cuanto a la alta política educativa, llama la atención la apertura de los gobernantes y su vocación por la democracia participativa, lo que propiciaba que los maestros, activos o no, participarán con su palabra, conocimientos y experiencias en el diseños y orientación de la política educativa.
En 1918, por ejemplo, los diputados Ventura G. Tena y José María Lizárraga convocaron a todos los profesores del estado, “ya estén en servicio, ya retirados”, para que participen “con empeño y patriotismo” en la elaboración de la versión definitiva de una ley educativa estatal, cuyo proyecto debía pasar por el consenso del magisterio y tener su visto bueno antes de que el Congreso del Estado la decretara.
Se trataba de un instrumento jurídico emergente, que trazaba nuevas directrices de la política educativa y reglamentaba las funciones de las instituciones escolares, entre ellas: las Escuela Rurales de Educación Rudimental, la Escuela Industrial “Cruz Gálvez”, la Normal para Profesores y Profesoras, las Juntas de Educación y la “Escuela Preparatoria”, la primera de ese nivel académico creada en Sonora, con un programa de enseñanza y maestros compartidos con la Normal del Estado.
De acuerdo con los pronósticos de sus creadores, se esperaba que la matrícula de preparatorianos fuera superior a la de los normalistas, porque el magisterio “no ha llegado a constituir una carrera especulativa entre nosotros”, explicaban sin sonrojo, a la vez que aseguraban que “vendrán alumnos que hoy son enviados a lugares lejanos, para cursar esta clase de estudios”.
Si bien resulta inocultable la expansión de escuelas públicas, el crecimiento de la matrícula, el empleo predominante de maestras y la rectoría del Estado, también se advierte avance relativamente limitado, que dejó en la agenda educativas viejos pendientes por superar, como el analfabetismo, la falta de maestros titulados, la precariedad de sus condiciones de trabajo, la abrumadora deserción del alumnado y una mayor inversión en el sector, pero aun así es innegable que sentaron las bases del sistema educativo nacional, cuya estructuración inició en 1921, con la inauguración de la flamante Secretaría de Educación Pública.
